A efectos a contribuir con la uniformidad de la jurisprudencia, la seguridad jurídica y la predictibilidad de las decisiones judiciales, la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia fijó como principios jurisprudenciales con carácter de precedentes de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales una serie de reglas sobre la aplicación de las sentencias casatorias.
Fue mediante la sentencia correspondiente a la Casación Nº 16618-2023 Lima, mediante la cual la máxima instancia judicial declara fundado aquel recurso interpuesto dentro de un proceso contencioso administrativo.
Directrices
De acuerdo con el pronunciamiento de la sala suprema, las sentencias casatorias que esta expida, en virtud de su fuerza vinculante, tienen un grado de obligatoriedad y autoridad que se deriva del nivel de este
órgano jurisdiccional que las emite y del ámbito de competencia en el que se aplican, lo que significa que deben ser seguidas por los órganos jurisdiccionales de mérito en casos similares.
El colegiado supremo también establece como regla con carácter de precedente vinculante de obligatorio cumplimiento que las sentencias casatorias crean un precedente legal que establece un estándar que deben aplicar otros órganos jurisdiccionales, así como los tribunales administrativos y la administración pública, dados sus alcances en materia contencioso administrativa.
Fundamento
La Corte Suprema de Justicia, como órgano de casación, es la máxima autoridad judicial en un país y tiene la función de revisar y resolver los recursos de casación presentados contra las sentencias emitidas por los tribunales inferiores, precisa el supremo tribunal.
De modo tal, colige, mediante la casación, la Corte Suprema de Justicia garantiza la uniformidad e interpretación correcta de la ley y salvaguarda la legalidad en el sistema judicial. Es decir, la Corte Suprema de Justicia como órgano de casación tiene la función de revisar y corregir los posibles errores jurídicos cometidos por los tribunales inferiores, a fin de garantizar la correcta aplicación de la ley y la justicia en el sistema judicial de un país, explica la sala suprema.
Dentro de esta concepción, el supremo tribunal advierte que se instala el artículo 384 del Código Procesal Civil, en cuanto establece como fines del recurso de casación “la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional por la Corte Suprema de Justicia”.
Decisión
En el caso de la citada casación vinculado con el tema de la tarifa por el uso de agua subterránea, una empresa interpone una demanda contencioso administrativa para que se declare la nulidad de una resolución de un colegiado administrativo tanto en el extremo que declaró improcedente la apelación de puro derecho interpuesta contra una decisión previa, como en el extremo apelado para que se declare fundada la apelación de puro derecho formulada y, por ende, se deje sin efecto aquella resolución del tribunal administrativo.
